En los Tribunales de Esquel se hizo la audiencia preliminar, en la causa donde el Ministerio Público Fiscal acusa de usurpación a integrantes de la comunidad Mapuche Nahuel Pan. La disputa es por la ocupación de un predio que entiende la Fiscalía sería del fallecido Carlos Aguado. La audiencia fue presidida por el Juez Penal Martín O´Connor, con la participación de los fiscales Mónica Caveri y Ezequiel Forti en representación de uno de los hijos de Aguado. También estuvieron los cinco acusados con la abogada Sonia Ivanoff.
Pena de prisión
En su alegato la fiscalía acusó de usurpadores a los cinco integrantes de la comunidad Mapuche, para quienes pidió la pena de dos años de prisión.
Discriminación
La Abogada Sonia Ivanoff en representación de los integrantes de la Comunidad Mapuche, pidió el sobreseimiento de sus asistidos y la suspensión de la audiencia, acusando a la Fiscalía de “violar garantías constitucionales que amparan a comunidades indígenas en contra de toda discriminación racial”. En este sentido Ivanoff expresó que la Fiscalía “ha desconocido la identidad de los pobladores originarios” violando garantías constitucionales y tratados internacionales contra la discriminación, “al no respetar el auto reconocimiento de los acusados como integrantes del pueblo Mapuche”.
Pidió para sus defendidos la abogada integrante de la AADI (Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena), la absolución por “orfandad probatoria” de una acusación “deficiente y contradictoria”. También solicitó la suspensión de la audiencia “ya que hay cuestiones pendientes para resolver en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut que tienen que ver con las tierras ocupadas por pueblos indígenas”.
Afirmó Ivanoff más adelante que la Fiscalía “apunta solamente a disciplinar” y dijo que “no es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Esquel, acusa de usurpadores a indígenas” desconociendo la ocupación ancestral y la auto identificación como pertenecientes al pueblo Mapuche.
Juez garante
Antes de finalizar sostuvo Ivanoff que “el Juez debe ser el garante para evitar estas violaciones sistemáticas hacia los pueblos indígenas”, ya que “de ninguna manera se puede llevar al fuero penal lo que no es penal” y reclamó que de continuar con esta acusación, estamos ante una “criminalización del ejercicio de un derechos social y cultural”, actitud que “no armoniza y no trae paz social que es lo que se pretende”.
