El hecho ocurrió el 27 de mayo de 2021 en horas de la mañana (antes de las 11:00 horas), en el interior de la finca en Callejón Puch del Barrio Las Golondrinas en Lago Puelo, al cumplimentarse un procedimiento judicial de registro del inmueble, autorizado por el juez penal Ricardo Raúl Rolón.
La medida se ordenó para el registro del inmueble propiedad de Alvino John, con el objeto de secuestrar armas de fuego, con intervención del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía de Chubut (GEOP).
Según la versión de la Fiscalía, en momentos en que personal del grupo especial, irrumpió en la vivienda de la familia John, quien en vida fuera Martín Alejandro John, habría efectuado disparos con un arma de fuego hacia los uniformados, situación que habría sido repelida por personal policial. En esas circunstancias, el Sargento Primero Luis Moggiano en su calidad de funcionario público como integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía de Chubut, habría actuado abusando de su función o cargo, al provocarle la muerte a Martín Alejandro John, quien fuera el morador de la vivienda y podía haber estado sufriendo algún trastorno psíquico, violencia y alcoholismo (a quien debían neutralizar y quitarle las armas que tuviese en su poder o custodia). El funcionario policial efectuó un disparo de su arma reglamentaria, el que impactó en la región frontal izquierda del cráneo de la víctima.
La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por un traumatismo grave de cráneo secundario a lesión por proyectil de arma de fuego.
A partir de ahora la fiscalía tiene 6 meses para realizar la investigación y solicitar la elevación a juicio o el sobreseimiento.
Cuestiones medulares
Hay una diferencia sustancial a la hora de plantear las acusaciones por parte del Fiscal y el Abogado querellante. Mientras el Fiscal Diaz Mayer sostiene que Tino le disparó a la policía, el abogado querellante Marcos Ponce afirma que no fue así.
Otra cuestión importante, es como se llevó adelante el procedimiento ya que la orden del Juez en ese momento, indicaba que debería hacerse la intervención con participación de personal de salud mental y no fue así. Esa situación ya dejaría de ser responsabilidad del acusado Moggiano, para pasar a ser de quienes dirigían el operativo.
Doctrina Massoni
Cabe recordar que este homicidio se dio mientras que Federico Massoni era Ministro de Seguridad de la Provincia de Chubut y fue quien defendió el accionar del personal del GEOP en esa intervención que terminó con la vida de Tino John, afirmando Massoni que «Tino» John era «extremadamente peligroso» y que «El GEOP cumplió con todos los protocolos nacionales e internacionales»
El hecho
Martín Alejandro John (62) era un vecino del paraje Las Golondrinas en la Comarca Andina, quien sufría un padecimiento psiquiátrico cuya condición se vio agravada tras sufrir el devastador incendio que asoló la Comarca el 9 de marzo de 2021. Fue asesinado a balazos en su propia casa y frente a su pareja, quien también fue violentada en esa oportunidad, por las fuerzas del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) de la Policía del Chubut. Dichos efectivos abrieron fuego contra Tino en forma sorpresiva, sin esperar a la autoridad responsable del operativo de allanamiento e incumpliendo con el protocolo de actuación en casos de salud mental que debía ejecutarse con la intervención del Servicio de Salud Mental del hospital de Lago, tal como lo había dispuesto el Juez que ordenó la medida.
El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2021 y conmovió a toda la Comarca Andina. Tino John era un conocido vecino cuya situación particular de salud era también conocida, por lo que su caso debió haber sido abordado dentro de los protocolos vigentes y por personal de salud mental. Las características brutales de este crimen sumadas a la demora en la investigación, despertaron el interés directo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Argentina), que venía siguiendo el caso a través de las Juntas Promotoras y Regionales en la Provincia del Chubut, constituyéndose en esta oportunidad específicamente como querellante, dada la gravedad del caso y la evidente violación de los derechos humanos de una persona que fue asesinada cuando debió ser cuidada por el Estado.
